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Polémico proyecto de reforma judicial avanza en Argentina, aunque con cambios

El Senado de Argentina aprobó este viernes y giró para su discusión en la Cámara de Diputados un polémico proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández, aunque introdujo algunas modificaciones en la iniciativa.

Tras varias horas de debate, el proyecto recibió el visto bueno de la Cámara Alta por 40 votos a favor y 26 en contra y ahora deberá ser tratado en la de Diputados, donde no es seguro que el oficialismo logre los apoyos necesarios para convertirlo en ley.

La iniciativa fue remitida al Parlamento a finales de julio pasado por el presidente argentino, Alberto Fernández, quien entonces alegó que es necesario organizar mejor la Justicia federal y “superar la crisis” de “credibilidad y buen funcionamiento de la Justicia federal con competencia penal”.

Pero desde algunos sectores opositores han expresado que con esta iniciativa se busca en realidad beneficiar judicialmente a la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a otros exfuncionarios y allegados a su Gobierno que están procesados en diversas causas judiciales, varias por presunta corrupción.

CAMBIOS EN EL PROYECTO

El denominado proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal prevé la creación de nuevos juzgados federales, que actualmente son solo doce.

Además, entre otros puntos, establece la unificación de algunos fueros judiciales federales y la transferencia de juzgados ordinarios a la ciudad de Buenos Aires.

La reforma implicará la creación de unos 900 cargos judiciales, algo que la oposición objeta.

El presidente del bloque opositor de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, dijo que la reforma es “un intento de colonizar la Justicia” con “un reparto de cargos” para “proteger a los autores de delitos de corrupción”.

Sobre el final del debate en el pleno del Senado, el oficialismo introdujo varios cambios en el proyecto, aunque destaca la eliminación de un inciso que atañe al papel de los medios como posible fuente de presiones sobre los jueces.

El proyecto original establecía como deber de los jueces el comunicar cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos y mediáticos o de grupos de presión de cualquier índole, pero la mención a los medios, que había generado varias expresiones de rechazo, fue finalmente quitada.

DENUNCIA DE AMENAZAS A CRISTINA

Sobre el final del debate, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti, denunció amenazas a Cristina Fernández a través de la red social Twitter por promover la reforma judicial e intimidaciones a los parlamentarios que apoyan la iniciativa.

La senadora apuntó contra un periodista como presunto autor de las amenazas.

Ante esta denuncia, el senador opositor Martín Lousteau, expresó su repudio a las amenazas, pero pidió “responsabilidad” a los dirigentes políticos a la hora de “cuidar las formas de ambos lados”, oficialismo y oposición, y terminar con los “epítetos” porque, de otro modo, se alientan “este tipo de comportamientos en la sociedad”.

El abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, informó que ya ha presentado una denuncia por las amenazas ante el área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal.

EFE



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