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La tala ilegal sigue impune en la selva de Perú tras el asesinato de 4 indígenas

Cinco meses después que que un grupo de madereros ilegales asesinara a cuatro indígenas peruanos de la etnia asháninka cerca de la frontera con Brasil, los nativos denuncian que taladores ilegales continúan operando con impunidad en la misma zona, ubicada en la selva más frondosa y remota de Perú.

En un viaje a la zona, los miembros de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto relataron a Efe que persisten las amenazas de muerte por parte de los familiares de los dos presuntos autores de la muerte del presidente de su comunidad, Edwin Chota, y de sus compañeros Jorge Ríos, Leoncio Quincisima y Francisco Pinedo.

La nueva presidenta y viuda de Jorge Ríos, Ergilia Rengifo, dijo que los taladores “amenazan de muerte incluso a la policía”, emplazada en una base instalada por el Gobierno tras la muerte de los cuatro nativos.

El comunero Guillermo Arévalo aseguró que la policía sigue sin actuar, a pesar de que los pobladores de Saweto presentaron una denuncia por la persistencia de la actividad ilícita en su territorio.

Los nativos mostraron esta semana unos troncos que dijeron procedían de la tala ilegal a una delegación internacional que llegó a la zona, en una visita en la que participó.

La comitiva estuvo liderada por el estadounidense Alex Soros, hijo del magnate George Soros, y cuya fundación otorgó en noviembre a los cuatro asháninkas asesinados su premio anual al desempeño en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

Soros afirmó a Efe que se quedó sorprendido por el nivel de aislamiento en que se encuentra Saweto, donde actualmente viven 25 familias en una zona ubicada en medio de la Amazonía, a más de dos días desde la ciudad de Pucallpa, capital de la región de Ucayali.

También viajaron el director de la organización británica Global Witness, Patrick Alley, el investigador de la misma, Chris Moye, y el gerente de programas de la Fundación Rainforest estadounidense, Tom Bewick.

Los nativos condujeron a los visitantes por los meandros de los ríos Tamaya y Putaya para que observaran los “troncos emboyados”, término que utilizan para nombrar a los árboles talados que los madereros lanzan anudados al río para que lleguen a Pucallpa.

Allí los venderán a los aserraderos de la ciudad, para lo que utilizarán los documentos de alguna de las concesiones legales que hay por el camino y que les permiten ocultar su procedencia ilegal, en un proceso conocido como el “lavado de la madera”, advirtió Chris Moye.

Los troncos, algunos de alrededor dos metros de diámetro, pasan flotando frente a Saweto y otras comunidades vecinas, mientras que por la noche se pueden escuchar los motores de las embarcaciones de los taladores que se mueven por el río.

A pocos minutos en bote desde Saweto, un cartel amenazador que dice “Control policial. Orden de disparo.” señala la base policial, ubicada al costado del caserío de Putaya, donde viven los familiares del brasileño Adeuzo Mapes y su hijo Eurico, en prisión preventiva acusados del asesinato de los cuatro asháninkas.

Patrick Alley lamentó a Efe que “los policías y los taladores ilegales están puerta con puerta y nadie hace nada para detenerlos”, por lo que reclamó que “el Estado debe tener una presencia aquí, porque esta es un área sin ley”.

“Si esta actividad continúa, se desperdician cientos de millones de dólares (…) cuando las personas más vulnerables están aquí y arriesgan sus vidas para proteger algo que el mundo necesita”, sentenció.

Tom Bewick valoró que Saweto está muy próxima a recibir el título de propiedad de su territorio tras doce años de trámites, lo que servirá para combatir la tala ilegal, pero advirtió que esta no terminará si no hay “apoyo para desarrollar proyectos de vida sostenible” en la zona. EFE



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