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La Justicia brasileña falla contra la familia imperial tras un proceso de 125 años

La Corte Suprema de Brasil rechazó el recurso por el que la princesa Isabel de Orleans e Bragança solicitó hace 125 años la devolución de la propiedad del Palacio de Guanabara y, en un fallo contra la familia imperial, puso fin al proceso judicial más largo en la historia del país.

En una sentencia dictada a finales de julio y que sólo trascendió esta semana con la publicación de que el proceso había sido archivado definitivamente, la primera sala del Supremo Tribunal Federal concluyó que la familia imperial no tiene derechos sobre el palacete neoclásico de 1853 que reclamaba en Río de Janeiro.

El proceso fue iniciado en 1895 por la princesa imperial Isabel de Brasil, que llegó a gobernar el país como regente, y fue proseguido por los descendientes de la familia imperial tras su muerte en 1921.

La querellante alegaba que el Palacio de Guanabara, la actual sede de la gobernación de Río de Janeiro, era su residencia particular cuando la República de Brasil fue proclamada en 1889 y la familia imperial, cuyos bienes fueron incorporados al patrimonio público, destronada y obligada a exiliarse.

Los miembros de la primera sala de la Corte Suprema, en decisión de última instancia, mantuvieron la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de 2018 por la que se rechazó la concesión de la propiedad del palacio a la familia imperial.

En una decisión que contó con tres votos a favor y uno en contra -uno de los magistrados se abstuvo-, el Supremo apoyó la tesis de la instructora del caso, la magistrada Rosa Weber, en el sentido de que, aunque fuese su residencia particular, el principio de derecho adquirido de la princesa en relación al palacete no estaba configurado.

Según la decisión, tras la proclamación de la República, quedaron sin efecto todas las normas que justificaban que la posesión de un palacio construido con recursos públicos la mantuviese la familia imperial.

Para los magistrados, con la institución de la República se extinguió el régimen imperial y se puso fin a todos los privilegios que la familia real tenía sobre inmuebles adquiridos con recursos públicos.

RESIDENCIA DE PRINCESA COMPRADA CON RECURSOS PÚBLICOS

Pese a que era la residencia de la princesa, el palacete fue adquirido en 1864 con recursos del Tesoro Nacional cuando Pedro II, el padre de la princesa Isabel, ejercía como emperador de Brasil.

La decisión en un proceso en que los demandantes fueron representados por Bertrand de Orleans e Braganza, sobrino nieto de la princesa, concedió de forma definitiva al Estado la posesión sobre el hoy Palacio de Guanabara.

Igualmente determinó que los herederos de la familia imperial no tienen derecho a ningún tipo de indemnización.

La segunda hija del emperador Pedro II de Brasil y de la emperatriz Teresa Cristina das Duas Sicilias se convirtió en la heredera al trono tras la muerte de su hermano mayor y ejerció en tres oportunidades como regente del imperio mientras su padre se encontraba en largos viajes al exterior.

En su última regencia firmó la Ley Áurea, que abolió la esclavitud en Brasil en 1888, por lo que se le recuerda como la “redentora”.

CENTRO DE LA ATENCIÓN MEDIÁTICA

Tras la proclamación de la República, el Palacio de Guanabara fue convertido en un cuartel militar. Entre 1926 y 1947 fue la residencia oficial de los entonces presidentes de la República, posteriormente se convirtió en sede de la Alcaldía del Distrito Federal (cuando Río de Janeiro aún era capital de Brasil) y en 1960 fue transformada en la sede de la gobernación de Río de Janeiro.

El palacio ubicado en el barrio de Laranjeiras ha sido centro de atención informativa en los últimos años por los escándalos protagonizados por sus últimos ocupantes.

Los cinco últimos gobernadores de Río de Janeiro han sido salpicados por escándalos de corrupción, cuatro de los cuales han estado presos y uno continúa en la cárcel cumpliendo varias condenas.

Su actual ocupante es el vicegobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que la semana pasada asumió como titular luego de que el gobernador Wilson Witzel fuera separado temporalmente del cargo por la Justicia mientras se le investiga por irregularidades en la gestión de los recursos destinados a combatir la pandemia del coronavirus.

EFE



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