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    El Parlamento salvadoreño pone en duda el respeto del Ejército a la Constitución

    Un largo interrogatorio público al ministro de la Defensa de El Salvador, contraalmirante René Merino, le sirvió a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, para cuestionar la obediencia del Ejército a la Constitución frente a las órdenes del presidente Nayib Bukele.

    Los legisladores instalaron la mañana de este viernes una sesión de interpelación contra Merino para tratar de esclarecer la participación del Ejército en los actos encabezados por Bukele el 9 de febrero pasado.

    En esa fecha, el mandatario ingresó al recinto legislativo bajo el resguardo de policías y soldados armados con fusiles de asalto para sentarse en la silla del presidente de dicho órgano, simular el comienzo de una sesión y orar.

    Estas acciones fueron catalogadas como un “intento de golpe de Estado” y encendió las alarmas internacionales.

    LA CONSTITUCIÓN Y LAS ÓRDENES PRESIDENCIALES

    Los diputados, que entregaron previamente un cuestionario de 17 preguntas al jefe castrense, cuestionaron a Merino sobre la postura de las Fuerzas Armadas frente a órdenes que podrían considerarse contrarias a la Constitución.

    “Nunca me ha dado el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada una orden inconstitucional. Somos respetuosos de la ley”, aseguró el jefe castrense en su primera intervención.

    No obstante, aseguró que las órdenes dadas por el mandatario son “igualmente legales, porque él ha sido electo por la gran mayoría de los ciudadanos y de acuerdo a la ley y a la Constitución”.

    “El juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las órdenes que me da son en ese sentido, por lo tanto, no hay controversia entre lo que manda la Constitución y las leyes con las órdenes que emite el comandante general de la Fuerza Armada (Bukele)”, remató el funcionario.

    Ernesto Vargas, militar en retiro y diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), dijo durante la etapa de repreguntas que “la obediencia y subordinación tienen limites constitucionales”.

    “La acción fue un acto de intimidación, eso es ilegal”, acotó Vargas, quien cuestionó a Merino sobre “la base legal de esa operación militar en la toma de la Asamblea Legislativa”.

    Las respuestas del ministro de la Defensa se basaron en negar la realización de un operativo militar, no responder preguntas que, a su juicio, eran “hipotéticas” y asegurar que el despliegue de los soldados únicamente era para dar seguridad al mandatario.

    La legisladora Cristina Cornejo, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), citó un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohibió a Bukele utilizar al Ejército para fines políticos y preguntó a Merino si defendía la legalidad de las acciones del mandatario.

    Merino dijo que el 9 de febrero de 2020 no se dio ninguna acción que “ponga en riesgo la institucionalidad del país”.

    El diputado demócrata cristiano Rodolfo Parker preguntó a Merino, citando unas declaraciones dadas por Bukele al diario español El País, si el mandatario tenía el respaldo militar para la “toma total del poder”, sin que recibiera una respuesta del militar.

    LAS VERSIONES

    El presidente salvadoreño ha manejado las versiones de que los sucedido en el Parlamento en febrero fue un despliegue de seguridad para evitar un estallido de violencia contra los diputados por parte de sus seguidores y que fue un acto de presión para que le aprobaran un préstamo por 109 millones para planes de seguridad.

    El contraalmirante medianamente se ciño a la primera, pero ignoró o evitó evocar la segunda, además se desmarcó del operativo y sostuvo que se hizo presente a las instalaciones del Congreso en febrero únicamente a supervisar, pese a que es el segundo al mando, solo detrás de Bukele.

    En marzo pasado, el mandatario salvadoreño admitió por primera vez públicamente que fue un acto de presión al órgano Legislativo en una inusual entrevista con el rapero puertorriqueño Residente.

    “Es una forma de presión”, dijo Bukele.

    EL INGRESO NO AUTORIZADO

    En medio del interrogatorio y con los ánimos caldeados entre los legisladores de oposición y los de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha), se dio una confrontación entre dos diputados por la supuesta autorización de ingresar a los militares.

    Merino dijo en su primera intervención que el diputado Guillermo Gallegos autorizó el ingreso en su calidad de presidente interino de la Asamblea Legislativa, pese a que no había ninguna convocatoria oficial de sesión plenaria ni de alguna comisión a su cargo.

    Gallegos sostuvo durante la sesión de este viernes que él había recibido el visto bueno del presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, quien negó la afirmación.

    “No tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día”, reclamó Ponce ante los señalamientos e insultos del legislador de GANA.

    El fiscal general, Raúl Melara, aseguró el jueves que no posee “elementos necesarios para imputar un delito” por la irrupción militar del 9 de febrero.

    “Creo que fueron excesos, sí creo que fue un exceso la militarización de la Asamblea Legislativa. No podemos determinar jurídicamente un hecho de violencia porque no lo tenemos documentado”, dijo Melara en una entrevista televisiva.

    El interrogatorio comenzó cerca de las 10.00 hora local (16.00 GMT) y se ha extendido por más de 7 horas, y aún no concluye.

    EFE



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