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El “orgullo” por matar y torturar de un coronel durante la dictadura uruguaya

El oscuro pasado de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985) sigue saliendo a la luz. En vísperas del Día Internacional del Detenido Desaparecido, la confesión de un coronel retirado, hecha en 2006 y oculta hasta ahora, relata “ejecuciones” y “apremios” que, tras décadas, irán a la Justicia.

Uruguay, que goza de una democracia plena -una de las mejor consideradas en el mundo-, mantiene hasta la fecha un manto de impunidad del que gozan altos cargos militares que, en tiempos de terrorismo de Estado, asesinaron, torturaron e hicieron desaparecer a cerca de 200 personas de las que aún no hay rastro.

Tras un pedido de información, días atrás, al Ministerio de Defensa, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura recibió las actas del Tribunal de Honor del Ejército en 2006 con las confesiones del coronel retirado Gilberto Vázquez.

Lo que iba a ser un tribunal para hablar sobre su fuga del Hospital Militar donde estaba detenido terminó siendo una extensa confesión de crímenes de los que, según el estremecedor documento difundido, no solo no se arrepiente, sino que se siente orgulloso.

“Nosotros ejecutamos, no asesinamos, son cosas diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”, confiesa.

Admite que él solo era un soldado que hizo “lo mejor” que pudo y que en su conciencia no existe remordimiento ya que estaba en “una guerra”.

“Le van a enseñar a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy ni un asesino ni un hijo de puta (…) Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, enfatiza.

Asimismo, aclara hechos negados por altos mandos militares, como el Plan Cóndor, en el que las dictaduras del continente suramericano trabajaron conjuntamente para intercambiarse detenidos y colaborar en la desaparición de personas, y su participación en un vuelo militar para trasladar a uruguayos, hoy desaparecidos.

VERDAD Y JUSTICIA, UN RECLAMO ETERNO

Los reclamos de Madres y Familiares han trascendido el tiempo y las banderas políticas, aunque no fue hasta los años 2000, con la formación de la Comisión Para la Paz del entonces presidente Jorge Batlle (2000-2005) y la subida de la izquierda al poder en 2005, cuando comenzaron las excavaciones en batallones militares, con avances significativos.

Elena Zaffaroni, una de sus integrantes, considera que estos datos recabados en los tribunales de honor “son una información muy fuerte, muy importante y muy grave” y corrobora lo denunciado por las víctimas durante décadas.

La gravedad del asunto consiste en que los Tribunales de Honor del Ejército están obligados por ley a llevar ante la justicia toda confesión que pueda ser considerada delito, y ello ha sido omitido.

“Ellos (los militares) saben dónde están nuestros desaparecidos, lo mantienen oculto por algo, un poder, una amenaza, algo que no entregan y en ese campo están estas actas (…) Estas brutales confesiones para los generales de esos tribunales y el comandante de turno no manchan el honor militar”, ironiza Zaffaroni.

NEGRO SOBRE BLANCO

Las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura han expresado incontables veces cuáles fueron las características de las torturas sufridas, quiénes y dónde las hicieron.

Sin embargo, la Ley de Caducidad protegió estos crímenes en Uruguay -hasta que fue anulada por una ley interpretativa en 2011- y por ello no ha podido investigarse lo suficiente.

“Lo hemos denunciado siempre pero encontrarlo escrito negro sobre blanco realmente golpea, porque la falsedad de estos señores que se dicen democráticos realmente nos llena de asombro la impunidad que tienen para escribir este tipo de cosas”, afirma Juan Ignacio Errandonea, otro de los integrantes de la organización.

El militante enfatiza que las Fuerzas Armadas “siguen siendo responsables” de que sus familiares permanezcan desaparecidos y se preguntó: “¿Hasta cuándo?”.

POLÍTICA DE ESTADO

La búsqueda de desaparecidos ha formado parte de la agenda de los últimos Gobiernos. Sin embargo, tras la difusión de estos documentos surgió la duda sobre por qué el Frente Amplio, bajo los mandatos de Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015), no había indagado en estos archivos.

José Bayardi, último ministro de Defensa previo al actual, Javier García, se excusó diciendo que los cargos militares no habían informado al Poder Ejecutivo sobre el contenido de dicho documento.

Desde Familiares no quieren poner el foco en echar culpas -aunque reconocen que los lìderes de gobierno siempre son los responsables de que estos documentos salgan a la luz-, sino indagar sobre lo ocurrido.

Incluso, este jueves Zaffaroni se reunió con la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, para hacerle llegar los documentos y pedirle su traslado al presidente, Luis Lacalle Pou, y a la comisión de derechos humanos del Parlamento.

Para ella, estos aportes tienen que ayudar a que el Senado vote el desafuero del excomandante en Jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, quien también es acusado de ocultar información sobre anteriores confesiones en tribunales de Honor del Ejército.

LA “ORGANIZACIÓN” QUE SE MANTIENE

El silencio de las Fuerzas Armadas sobre los desaparecidos sigue vigente. Hasta ahora solo se han encontrado cinco cuerpos y son muy pocos los militares juzgados.

Precisamente, el 29 de agosto de 2019 fueron hallados en un antiguo batallón del Ejército los restos de Eduardo Bleier, un militante comunista que apareció enterrado con las manos sobre su pecho y una camisa desgarrada.

Entre todas las declaraciones del coronel Vázquez aparece el reclamo a la solidez de la “organización” militar que parecía defenderlo pero que, en ese momento, parecía querer encarcelarlo.

Lo cierto es que una vez más se evidencia la falta de respuesta, el reclamo que se mantiene vigente y el ocultamiento voluntario que hay por parte de quienes ocuparon las Fuerzas Armadas.

Pese al paso de los años, a los cuerpos envejecidos de sus familiares y a que los asesinos han ido muriendo en la libertad de sus hogares, el reclamo sigue vivo, la búsqueda de aquellas casi 200 personas sigue en pie y el grito por Verdad y Justicia es cada vez más fuerte.

EFE



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