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    Crece la usurpación de tierras en Buenos Aires tras un receso por la cuarentena

    La usurpación de terrenos e inmuebles es un fenómeno histórico en la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, que en medio de la crisis económica que Argentina arrastra desde hace más de dos años, con crecientes índices de pobreza, vuelve a trepar tras un receso por la cuarentena.

    Según los datos que el Ministerio de Seguridad provincial facilitó a Efe, en julio las autoridades tomaron constancia de 115 usurpaciones, un valor cercano a las 107 de junio y por encima de los 82 de mayo, mientras que en abril, primer mes completo de cuarentena, se registró el mínimo anual con 51.

    En marzo las fuerzas de seguridad constataron 91 ocupaciones, iniciando una tendencia a la baja que según fuentes de Seguridad responde a la escasa circulación de personas que supuso el aislamiento por la pandemia, que comenzó el 20 de ese mes. En febrero las denuncias por tomas ilegales fueron 122 y en enero 113.

    El caso de la provincia bonaerense es, por su tamaño y su gran población, el principal exponente de un fenómeno que se reproduce en otras partes del país, como ocurre en las norteñas provincias de Chaco y Corrientes.

    TOMAS DE TIERRAS: EL CASO DE GUERNICA

    Estas usurpaciones a veces corresponden a un inmueble y otras son tomas de tierras, de mayor o menor tamaño, en las que se erigen campamentos improvisados, como ocurre en la localidad de Guernica, ubicada en la provincia bonarense a unos 30 kilómetros de la capital, donde hace un mes comenzó una toma en la que ahora viven unas 3.000 personas.

    En un amplio y llano terreno, con apenas vegetación, los pobladores dividieron parcelas con cuerdas o zanjas donde proliferan construcciones improvisadas, de chapa o madera en algunos de los casos aunque en la mayoría están hechas con bolsas de plástico y materiales que encuentran en los alrededores.

    Allí viven personas de todas las edades, algunas solas y otras en familia, como ocurre con Sergio Iván Ponce, de 25 años, quien tras perder su vivienda por no poder pagar el alquiler se enteró de la toma a través de un amigo y decidió ir con su pareja y sus tres hijos, de 4, 3 y 1 años.

    “Día a día se me hace difícil por las criaturas, pero por suerte la estoy remando, todos los días salgo a buscar leña, yo estoy acá por ellos, porque lo necesito”, afirmó a Efe.

    OLLAS POPULARES

    Los pobladores comparten la comida a través de las conocidas como “ollas populares”, un fenómeno habitual en los barrios más pobres del país, de las que se informan unos a otros a través de un grupo de Whatsapp, como relata Facundo Lescano, de 25 años, trabajador gastronómico que se quedó sin empleo tras la llegada de la pandemia.

    En su caso puede conseguir agua gracias a un vecino del pueblo que se la da, y cada día debe llenar bidones que usará para beber e higienizarse, algo fundamental para prevenir la llegada del coronavirus -aseguran que por ahora ninguno de los vecinos se contagió-, ante el que luchan con sus recursos.

    “Yo tengo un termómetro ahí, los que entran más o menos los tomamos nosotros (la temperatura). Tenemos las cosas que compramos nosotros: Ibuprofeno, Tafirol”, detalló.

    Desde que llegaron, varias personas fueron a reclamar que las tierras eran suyas, aunque según afirman ninguno presentó certificado de propiedad, y la policía los intentó desalojar en varias ocasiones, por ahora sin éxito.

    A escasos metros de la vivienda de Lescano vive Fermina Achala junto a su marido y tres hijos, quien afirma que no sabría que hacer si se produjera el desalojo, y pide a las autoridades que les dejen introducir materiales para mejorar su construcción.

    “Nos enteramos que entraba la gente y después nosotros vinimos y encontramos un terreno, un pedacito para meter la casita. (…) Todavía no podemos meter materiales, ni un poquito de arena porque los policías no quieren”, señaló.

    TENSIÓN CON LOS VECINOS

    La relación de los pobladores con los vecinos de Guernica es en algunos casos tensa, como relata Andres Ríos, habitante de la localidad desde 1966, quien además afirma ser dueño de parte de las tierras ocupadas.

    “Tengo todos los papeles, tengo la denuncia, está en la Fiscalía, los estamos tratando de sacar por las buenas”, subrayó.

    Ríos afirmó que en algunos casos los tomadores de las tierras luego las revenden, y denunció que muchos de los vecinos de la zona están involucrados en la toma con el objetivo de aumentar su propiedad.

    “Los vecinos de acá están todos metidos, Todos los que tienen casa, terrenos, todos están agarrando, todos”, aseveró.

    Los ocupantes ni confirman ni desmienten que las tierras ocupadas luego se revendan, y como reconoce Facundo Lescano “puede ser, hay gente que debe hacer eso”.

    “TIERRAS VACANTES”

    El juez que lleva el caso ordenó el pasado 7 de agosto el desalojo del terreno, que finalmente se suspendió tras la apelación interpuesta por la Asociación Gremial de Abogados, que alega irregularidades, como que no se notificó a la Secretaría de Derechos Humanos, y que las tierras no tienen propietario.

    “Son tierras que se llama vacantes, que sus titulares de dominio no están, tampoco son oficiales”, explicó a Efe Eduardo Soares, presidente de la Gremial de Abogados, quien detalló que muchos de los titulares fallecieron tiempo atrás y no se realizó un traspaso, ya que “la propiedad de inmuebles se traspasa por escritura publica ante notario, y se acredita con inscripción al registro de propiedad”.

    Asimismo destacó que de todos los que se presentaron como supuestos dueños “ninguno pudo presentar ni un solo papel en el expediente”, una lista de reclamantes del terreno entre los que se incluyen “un club de rugby y las grandes empresas inmobiliarias de la zona”.

    Soares considera que la ocupación de tierras e inmuebles aumentará en el futuro de la mano del auge de la pobreza, que a finales de año afectaba al 35,6 % de la población y que según cálculos de varias organizaciones ya afecta al 40 %, un problema que castiga especialmente a los más jóvenes, y según un informe de Unicef, un total de 8,3 millones de niños argentinos vivirán bajo la línea de pobreza a finales de este año, un 62,9 % del total.

    “Estas cosas no se resuelven con el derecho, se resuelven con la política y con la economía, se resuelve buscando la manera de paliar las necesidades de prácticamente 15 millones de argentinos”, concluyó el abogado.

    La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat del país, María Eugenia Bielsa, afirmó semanas atrás que las tomas de tierras se corresponden “con situaciones más delictivas que situaciones reales de necesidad”, aunque reconoció que estas existen, y desaconsejó que la población necesitada recurra a esta opción.

    “Aconsejamos siempre que busquen una salida consensuada, donde nosotros podamos apoyar el financiamiento de programas que vengan a resolver la cuestión del crecimiento vegetativo de la población”, valoró.

    EFE



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