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Acusan al ministro salvadoreño de Defensa de ocultar datos de la muerte de un militar en Mali

El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, y otros altos mandos militares fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente ocultar información y actos arbitrarios relacionados con la muerte de un piloto en Mali, confirmó a Efe un portavoz de la institución.

La fuente del Ministerio Público indicó que Merino fue denunciado por los cargos de “destrucción u ocultación de documentos verdaderos y actos arbitrarios, por no dar referencias de la muerte”.

Merino informó, mediante su cuenta de Twitter, el pasado 28 de mayo sobre la muerte del piloto Carlos Moisés Guillén Alfaro, quien fue diagnosticado con COVID-19.

El militar era parte de un contingente “que apoya a la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas de Mali”.

Según ministro, el fallecido “fue tratado por malaria” y el 24 de mayo fue sometido a la prueba de la COVID-19, “saliendo positivo” y añadió que el 27 de mayo “presentó problemas respiratorios, manteniéndose bajo cuidado médico”, pero falleció al siguiente día “por un paro cardíaco”.

Según medios locales, la denuncia fue presentada por un representante de la familia del uniformado fallecido, quienes “manifestaron estar indignados por el tratamiento médico que se le dio” y porque “se ha tratado de ocultar información sobre las verdaderas causas del deceso”.

Además de Merino, enfrentan la denuncia el jefe del Estado Mayor, Carlos Alberto Tejada Murcia, y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Pablo Soriano Cruz.

Según una página oficial de la Fuerza Armada salvadoreña, el contingente del que formaba parte Guillén salió del país en agosto de 2019 con 90 integrantes.

Los militares fueron designados para desarrollar “misiones de transporte aéreo de personal, escolta de convoyes, vigilancia y reconocimiento en la zona de operaciones, tareas de búsqueda y rescate, transporte médico y patrullajes diurnos y nocturnos”.

De igual forma, brindarían “protección a la población civil, vigilando que se respeten los derechos humanos y creando las condiciones necesarias para brindar asistencia humanitaria y el retorno de las personas desplazadas a causa del conflicto”.

EFE



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