Human Rights Watch presentó a la Corte Constitucional un informe sobre las preocupaciones en la Justicia de Paz

El director para las Américas de la a organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco

Human Rights Watch (HRW) presentó a la Corte Constitucional de Colombia un informe que recoge sus preocupaciones y argumentos desde el “derecho internacional” sobre el Acto Legislativo 1 de 2017, que estableció la Justicia Especial de Paz tras la firma del acuerdo con las FARC.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, indicó que, aunque el organismo “aplaude el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC”, tiene “graves preocupaciones por los defectos en materia de justicia incluidos en el acuerdo”.

Según HRW, a pesar de que pidió que las autoridades abordaran estos defectos en la legislación de implementación del acuerdo firmado en noviembre del año pasado, subsisten en el Acto Legislativo 1 de 2017 dos problemas fundamentales.

Se trata, explicó la entidad, de “una disposición excesivamente amplia sobre la participación política para miembros de las FARC y una definición injustificadamente rígida de responsabilidad de mando para miembros de las Fuerzas Armadas que podría impedir que altos mandos de la fuerza pública rindan cuentas por los crímenes cometidos por sus subalternos”.

Human Rights Watch ha expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por la posibilidad de que se permita que personas responsables de graves abusos se postulen o desempeñen cargos públicos, aun mientras se encuentren cumpliendo sus condenas.

“Si bien coincidimos con el Gobierno colombiano sobre que uno de los propósitos fundamentales del proceso de paz es permitir que las FARC promuevan sus objetivos políticos en un marco democrático, dicha participación en la política podría limitar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”, aclaró el organismo.

Para evitar lo anterior, Human Rights Watch solicitó a la Corte Constitucional determinar que “la participación política de los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos se encuentra sujeta al cumplimiento pleno e incondicional de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz”.

EFE

 

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