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Gobierno y comunidades abordan mañana la situación en las residencias tras los brotes

El Ministerio de Derechos Sociales ha convocado mañana a las comunidades para analizar el alcance y la situación en la que han dejado a las residencias de ancianos los brotes de coronavirus desatados este verano y las dificultades a las que se enfrentan para evitarlos.

Además, en el grupo de trabajo de residencias, el Gobierno y autonomías abordarán los mecanismos de coordinación establecidos con las autoridades sanitarias para atender la situación de los centros sociales residenciales.

También verán para su aprobación un marco común de adaptación del Plan de Respuesta Temprana a otros servicios sociales distintos al de las residencias y la actualización de los documentos técnicos de recomendaciones elaborados durante los meses de marzo y abril.

En este sentido, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales presentará a las comunidades el documento “Marco común para la aplicación del ‘Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19’ en el ámbito de los servicios sociales no residenciales”, que complementa al que ya les propuso para las residencias el pasado 4 de agosto.

Un marco que, según subraya el documento, al que ha tenido acceso Efe, “ha de ser compatible con el respeto a las competencias de las autoridades competentes en cada territorio”, que serán las responsables de desarrollar las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos.

Como ocurre en las residencias, el documento establece que en los centros ocupacionales, centros de día y diurnos, la detección de un caso será indicativa de brote, lo cual conllevará su notificación a las autoridades sanitarias, el aislamiento del caso, la cuarentena de los contactos estrechos y la búsqueda activa de casos, así como la realización de PCR para trabajadores y usuarios.

De cerrase un centro, se pondrá en marcha un sistema de reconfiguración de servicios terapéuticos personalizados, que se prestarán en el domicilio, para que lo que habrá que dotar a los profesionales de los medios de protección adecuados y tomar las medidas preventivas establecidas.

Todos deberán contar con un Plan de Contingencia y Actuación frente a la Epidemia por COVID-19.

Para todos estos servicios, ya sean de intervención y apoyo familiar, protección de menores o de colectivos altamente vulnerables, prioriza la atención presencial, aunque será sustituida por la telemática si la situación así lo exige, excepto para casos urgentes, que deberá ser siempre en la primera modalidad.

Los servicios domiciliarios que garanticen la cobertura de necesidades básicas “no deben interrumpirse en ningún caso” y habrá que rediseñarlos para que se adapten, con flexibilidad, a cada situación concreta.

Con carácter general, el texto establece la necesidad de aplicar las medidas las medidas de preparación, contención o contención reforzada del plan de respuesta temprana y de garantizar que las personas en situación o riesgo de exclusión tengan acceso efectivo a los servicios de prevención, diagnóstico y atención sanitaria en el SNS.

Aconseja a los ayuntamientos a que elaboren, en colaboración con las comunidades, un Plan de Contingencia y Actuación de los servicios sociales, que deberán incluir los determinantes sociales en el riesgo de propagación, que se tendrán planificados y en cuenta a la hora de modular la intensidad de las intervenciones.

También plantea la implementación de medidas de higiene, prevención y control necesarias y la puesta a disposición de los trabajadores del material de protección necesario por parte de los titulares de los centros y servicios.

EFE

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