El alto costo en Buenaventura por cuenta de 40.598 estudiantes ‘fantasma’

Foto tomada de archivo para ilustrar esta noticia.

Minuto30.com-. La Contraloría General profirió un fallo con responsabilidad fiscal por más de 61.137 millones de pesos contra la exsecretaria de Educación de Buenaventura, Yolanda Amu Vente, por el reporte en 2011 de 40.598 estudiantes inexistentes al Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación, durante la administración del exalcalde José Félix Ocoró Minotta.

Según el organismo controlador, «esta irregularidad llevó a que el Ministerio le girara al Distrito de Buenaventura recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondientes a más de 111.596 niños matriculados, cuando en realidad el número real para esa fecha era solo de 70.998 niños».

Es decir, explicó la Contraloría, el reporte en la vigencia de 2011 de 40.598 estudiantes inexistentes llevó a hacer un desembolso injustificado a favor del Distrito de más de 48 mil millones de pesos, «que es el daño patrimonial que se da en este caso. Cifra que al ser debidamente indexada arroja una condenada fiscal por $61.137 millones».

El alcalde de la época, José Félix Ocoró Minotta, que ejerció este cargo desde el 1 de enero de 2008 hasta el 18 de octubre de 2011 y contra el que ya existían dos fallos anteriores de la Contraloría, no fue declarado responsable fiscal porque en las entidades territoriales certificadas, como es el caso del Distrito de Buenaventura, el responsable de la matrícula es el secretario de Educación y no el mandatario, a diferencia de lo que ocurre con los municipios no certificados.

No obstante, aseguró la Contraloría que «igual el exalcalde Ocoró Minotta estuvo vinculado a este proceso de responsabilidad fiscal, en calidad de presunto responsable, como lo estuvieron también los también secretarios de Educación, Carlos Augusto Cadavid Carmona y Clemente Viáfara Anté».

Las inconsistencias

En su fallo, la Contraloría, a través de su Gerencia Departamental en el Valle del Cauca, condenó a la entonces secretaria de Educación, Yolanda Amu Vente, en su calidad de funcionaria responsable del proceso de reporte y verificación de la información al Ministerio de Educación, al considerar que «su conducta llevó al giro excesivo e injustificado de recursos a favor del Distrito de Buenaventura».

Las inconsistencias que se presentaron en el manejo de los recursos recibidos de parte del Ministerio de Educación «no pudieron ser justificadas ni aclaradas por la Yolanda Amu Venté, quien a la postré terminó igualmente inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación para ejercer función pública durante once años», puntualizó el organismo controlador.