«Decreto sobre territorios indígenas es excluyente con otras comunidades»: Paloma Valencia

En sesión plenaria la Senadora Paloma Valencia advirtió sobre la exclusión que genera en comunidades diferentes a las indígenas, el Decreto que le otorga facultades político-administrativas a las poblaciones nativas del país.

Texto completo de la constancia:

«Esta constancia es a propósito de un Decreto firmado por el Presidente el día 7 de octubre con el cual se proyecta reconocer como organización político-administrativa de carácter especial a los territorios indígenas, lo cual les permite ejercer competencias, funciones públicas a través de sus propias autoridades.

El Decreto tiene como propósito darles las funciones y los mecanismos de financiación, el control y la vigilancia de todos los territorios indígenas y así también fortalece la jurisdicción especial indígena.

Respetando y apoyando el desarrollo de las comunidades y los territorios de las minorías en el seno de nuestra democracia, es necesario que el Gobierno pondere los derechos de los demás ciudadanos que integran la República, con el objetivo de que prevalezca el interés general sobre el interés personal.

El Ejecutivo tiene la obligación de establecer los mecanismos adecuados para que los ciudadanos, como los tenedores de buena fe de terrenos, que se van a ver afectados o invadidos, puedan hacer valer sus derechos.

Tampoco consideramos aceptable que se pretendan reducir los territorios municipales a sus cabeceras mediante masivas compra de tierras por parte del Estado.

Es injusto con la comunidad campesina del país y especialmente con el departamento del Cauca, que se vean en condiciones de desplazamiento, despojo y perjudicados económicamente por la creación de las zonas indígenas.

No aceptamos que las comunidades campesinas y afrocolombianas no puedan tener acceso a la infraestructura, a los programas de salud de educación y de salud, dado que por el simple hecho de no pertenecer a la raza indígena quedan excluidos y se les ha obligado en muchos casos a aceptar la condición de indígenas para poder desarrollar sus derechos.

Es insostenible además económicamente para los municipios y las comunidades que las fuentes hídricas sean exclusivamente manejadas por los cabildos indígenas.

El Decreto firmado supone grandes interrogantes: ¿Qué impacto? ¿Qué rendimiento han tenido los programas llevados a cabo de los cabildos indígenas en educación, agua, saneamiento básico y salud? ¿Qué sucederá con los municipios, entidades privadas, el accionar de la Fuerza Armada sobre esos territorios? ¿Cómo vamos a poder garantizar la libre circulación de los ciudadanos y de las mercancías en estos territorios?

Finalmente es necesario destacar que el presente Decreto tiene serios indicios de inconstitucionalidad, debido a que según el tenor del artículo 329 de la Constitución, solo una Ley Orgánica puede regular, conformar, delimitar, entidades territoriales.

Asimismo, a pesar de la clara delegación legislativa y la libertad de que goza el Congreso de abstenerse de legislar sobre la materia, el Gobierno Nacional parece querer nuevamente como en la reforma a la justicia de 2012, extralimitarse en sus facultades constitucionales».