El Decreto 0818 que fue firmado hoy por el alcalde de Medellín reglamenta la política pública que pretende que, en caso de que se vaya a realizar una obra pública o transformación urbanística en la ciudad, esta no afecte a quienes habiten la zona.
La reglamentación de la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas —adoptada por el Concejo con el Acuerdo 145 de 2019— se enfoca en que al ejecutarse una obra pública no desmejore o impacte de manera negativa la calidad de vida de las personas que habitan las áreas de influencia.
En el decreto se aclaran los medios de indemnización económica y las acciones de tipo social a implementar, así como el reasentamiento de los moradores si deben dejar el lugar para que se desarrollen los proyectos.
Adicionalmente, se tendría en cuenta la gestión del riesgo de desastres y las renovaciones urbanas que impacten las viviendas, negocios o actividades económicas de los moradores.
Para que se cumpla con lo establecido en el decreto, se estipula que debe haber tres instancias: el Comité Intersectorial de Direccionamiento Estratégico, la Mesa Técnica para la Protección de las Distintas Formas de Intervención y las Mesas de Articulación Institucional – Comunitaria para que haya un diálogo constante con la comunidad.
Con el decreto de moradores se protegerán las condiciones ambientales y la relación con el territorio, los procesos participativos, organizativos, sociales y comunitarios; la localización, la producción, gestión y acceso a la información completa y oportuna; y el acceso y sostenibilidad a la oferta institucional de bienes y servicios del Estado.
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— Concejo de Medellín (@ConcejoMedellin) November 3, 2021