Durante la plenaria del Concejo de Medellín este miércoles 10 de abril, en la cual se analizó la situación contractual y de obras de la Empresa de Desarrollo Urbano-EDU, en especial lo referido al Corredor de la 80. Al respecto, el concejal citante, Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, del Partido de la U, expresó que es necesario garantizar las condiciones y el debido proceso a la comunidad y a los comerciantes afectados por la obra y aplicar la Política Pública de Protección a Moradores, insertada en el POT, de obligatorio cumplimiento.

Expresó que, durante las reuniones de socialización en territorio, los moradores y comerciantes expresan sus preocupaciones por la incertidumbre alrededor de la obra, además afirman que no existen diseños definitivos, no hay claridad en el pago de los predios y compensaciones, y la generación de empleo se ha visto afectada. Asimismo, pidió conocer cuál será el plan de transporte que mitigue el impacto negativo y ambiental en los sectores aledaños a la obra.

Agregó que para este proyecto se priorizó la adquisición de 255 predios, 147 en la carrera 80 con calle San Juan, 105 en la carrera 80 con calle Colombia y 3 predios en la carrera 80 con la calle 70.

Uno de los principios que fundamenta el POT establece que se debe garantizar el restablecimiento de las condiciones iniciales presentes en el momento que se inician las actuaciones, eso significa que todas las actividades económicas, sociales, etcétera, y de estabilidad de los moradores deben mantenerse y/o mejorarse, afirmó el concejal Echeverri Jiménez.

Por su parte, el concejal Carlos Alberto Zuluaga, del Partido Conservador, segunda bancada citante, aseveró que es importante no cometer los mismos errores de antes en el manejo a los habitantes impactados por obras, conocer los cronogramas reales y aclarar a los ciudadanos cómo se van a negociar los predios y cuál es la realidad del proyecto.

Aseveró que, el proceso de expropiación debe ser el último paso en una negociación que el Municipio haga con el ciudadano afectado por los proyectos; también solicitó conocer cómo avanza y cuál es el compromiso del Gobierno Nacional frente al desarrollo de obras en Medellín y definir con exactitud la caracterización de cada afectado en el que se identifique el negocio o propiedad que posee, y con base en el POT proponer soluciones.

Por su parte, el corporado Héctor Francisco Preciado, del Partido Centro Democrático, tercera bancada citante, manifestó que el Municipio debe atender las obras basado en un correcto principio de planeación para ejecutar los proyectos con relación al presupuesto público, y respetar la calidad de vida y derechos de los moradores.

Se refirió al capítulo II del Acuerdo 48 del POT, en el cual se define que, con respecto a la protección a moradores y actividades productivas y económicas, es necesario actuar de cara al ciudadano con equidad, inclusión, restableciendo las condiciones especiales y garantizando la permanencia de los moradores y habitantes, como la hoja de ruta a seguir para salvaguardar los derechos de estos frente al desarrollo de proyectos.

Concejales que tomaron la palabra durante el debate afirmaron que este proyecto es un gran reto para la ciudad como una oportunidad para el desarrollo, además, se configura como estratégico para solucionar las problemáticas de movilidad de la zona; advierten que el Gobierno Nacional tiene buena voluntad, pero hace falta que se materialice el esfuerzo.

Solicitaron explicar cómo se reflejan en la obra la priorización de recursos por la venta de Isagen, conocer el cronograma de la adquisición predial, incorporar la valoración social de los ciudadanos y cuándo se inaugurará la UVA de San Javier. Advirtieron que se está creando pánico en la población, por esto, la Administración debe ser clara frente a los procesos y expectativas frente al Corredor de la 80.

El director de Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, Jaime León Bermúdez, indicó que el proyecto se encuentra en la fase de estudios de ingeniería de detalle, estudios y diseños para la ejecución de la obra; entre junio y julio de este año se debe tener contratista para iniciar ejecución en los sectores de las calles San Juan y Colombia. Añadió que se firmó un convenio por valor de 93.460 millones de pesos para adquisición de predios.

El funcionario puntualizó que este tipo de obras preparan la ciudad para la llegada del nuevo sistema de transporte masivo, se mejora la infraestructura vial para el uso de medios de transporte, se reducen accidentes y se disminuyen los tiempos de traslado.

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