En tercer debate la Asamblea Departamental aprobó la Política Pública Integral de Derechos Humanos, que busca formalizar los programas que se llevan a cabo en Antioquia.

De las regiones que más preocupan a la administración y a las autoridades por la violación de derechos humanos es el Urabá y el Bajo Cauca antioqueño especialmente por amenazas y asesinatos a líderes sociales.

Durante el 2018 Antioquia registró 25 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, siendo el segundo departamento de Colombia con más casos.

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