Assange ya no recuerda cosas y le cuesta hablar, eso dice el abogado del fundador de WikiLeaks

El abogado de Julian Assange en Ecuador, Carlos Poveda, advierte que el fundador de WikiLeaks no recuerda situaciones básicas y le cuesta hablar, y asegura que cuatro países cooperan para conseguir que sea extraditado a EE.UU.

«Parece no recordar situaciones básicas como lugar, nombres, le cuesta incluso un poquito hablar», dijo Poveda al remitirse a los últimos reportes sobre su defendido.

En una entrevista con Efe en Quito, el defensor asegura que en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, «ha bajado mucho de peso, no tiene asistencia especializada, a veces pasa aislado 23 horas al día y carece de acceso a libros o internet».

En una carta abierta dirigida a la ministra británica de Interior, Priti Patel, más de sesenta médicos de varios países han advertido este lunes de que Assange podría morir en la cárcel si no recibe atención médica urgente.

El activista está detenido en Londres a la espera de su juicio de extradición a Estados Unidos, que le requiere por la filtración de miles de documentos confidenciales, después de que la Fiscalía sueca retirara la semana pasada los cargos contra él por violación.

UNA COYUNTURA ESPERADA

En ese sentido, Poveda cree que se trata de una coyuntura que «vislumbraba» el activista y que el «tiempo le ha dado la razón».

Miembro del equipo legal internacional de Assange, encabezado por el exmagistrado español Baltasar Garzón, el letrado sostiene que todo se trata de una «persecución» y «cualquier delito puede ser el mecanismo idóneo para aprehender a una persona».

Assange estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 hasta el pasado 11 de abril, cuando fue entregado a la Policía británica.

Ecuador le retiró el asilo tras meses de conflicto con el australiano -que había sido naturalizado ecuatoriano a finales de 2017-, su intromisión en asuntos internos de Ecuador y de otros países, un comportamiento improcedente para un asilado, y sospechas de espionaje cibernético y electoral, según informó el Gobierno ecuatoriano.

Para la defensa de Assange, esa medida se produjo, sin embargo, por presiones de EE.UU., país con el que el Gobierno de Lenín Moreno ha protagonizado un reacercamiento tras una década de distanciamiento bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017).

«El manifestó que una de las condiciones para que Ecuador acceda a préstamos del FMI y otros organismos internacionales era su entrega», afirma Poveda sobre una presunta relación entre la terminación del asilo y una negociación con Washington para lograr apoyos de cara a una negociación con el FMI, del que Ecuador ha obtenido este año una línea de crédito de 4.200 millones de dólares.

Y explica que los abogados solicitaron al Estado ecuatoriano que difundiera la carta de intención del organismo internacional como elemento probatorio, del que solo se ha presentado un extracto.

«COORDINACION» INTERNACIONAL

El letrado analiza que la coyuntura que afronta su cliente responde a una «cooperación, una coordinación, por decirlo de forma suave» que incluye a cuatro países: Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia.

«Este tipo de situaciones, la terminación del asilo, la condena en el Reino Unido, la activación de la extradición de EE.UU., la apertura de la investigación de forma inmediata de Suecia… es ya una situación compartida, no es que sea aislada y circunstancial».

Assange se enfrenta 17 cargos en suelo estadounidense, donde podría enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre operaciones del Ejército de ese país en Irak y Afganistán.

Pese a que la defensa del fundador de WikiLeaks solicitó una prórroga de al menos tres meses para preparar el caso de extradición, la Corte de Magistrados de Westminster en Londres fijó para el 24 de febrero de 2020 la fecha para el inicio de juicio.

LOS 90.000 DOCUMENTOS DE LA EMBAJADA

En el país andino la defensa legal sigue un caso pendiente de cooperación penal internacional que solicitó precisamente Estados Unidos al presumir que en la Embajada ecuatoriana «había dispositivos que contienen información de un supuesto jaqueo de comicios electorales».

En paralelo, los abogados presentaron otra denuncia sobre la interceptación de 90.000 documentos en la legación ecuatoriana en años recientes, caso que ha sido investigado por la Audiencia Nacional española y que apenas ha avanzado en Ecuador.

Daniela Brik