Detenidos exigen que se les respeten sus derechos luego de que 87 de ellos fueran recluidos en 5 calabozos del edificio José Félix de Restrepo, donde funcionan los juzgados en Medellín. El hacinamiento se ha generado debido al cierre de la principal cárcel de la ciudad, Bellavista, y las restricciones en la carcel del Pedregal. EFE
Un centenar de personas se encuentran hacinadas desde hace unas tres semanas en un calabozo para estancias temporales en Medellín, después de que sendos fallos impidieran el traslado de los detenidos a cárceles de la ciudad, confirmaron hoy fuentes judiciales a Efe.
Detenidos exigen que se les respeten sus derechos luego de que 87 de ellos fueran recluidos en 5 calabozos del edificio José Félix de Restrepo, donde funcionan los juzgados en Medellín. El hacinamiento se ha generado debido al cierre de la principal cárcel de la ciudad, Bellavista, y las restricciones en la carcel del Pedregal. EFE
Los detenidos son cien, quienes aguardan en instalaciones que están preparadas sólo para una estancia temporal mientras que la justicia defina su futuro, señalaron las fuentes.
El calabozo del Palacio de Justicia de Medellín, en la zona conocida como la Alpujarra, no es suficientemente espacioso para tanta gente, cuenta con pocos baños y duchas, que tienen que utilizar en turnos cortos bajo la vigilancia de pocos policías, que en ocasiones no pueden controlar enfrentamientos entre detenidos que en la calle pertenecen a bandas enemigas.
Asimismo, hay confirmado al menos un caso de tuberculosis que, a pesar de estar aislado, puede exponer a los demás compañeros a un contagio de la enfermedad en condiciones desfavorables.
En las cárceles colombianas hay desde hace años un problema de hacinamiento, que en el último año ha rondado tasas de superpoblación del 50 %, derivado de problemas estructurales históricos.
La población carcelaria creció con la aplicación desde 2005 del sistema penal acusatorio, que recluye a los delincuentes mientras la Justicia investiga sus casos y les llama a juicio, lo que en ocasiones perpetúa su estancia en los centros, lo que unido a la proliferación de leyes punitivas agravó el problema.
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, criticó ayer en un foro sobre la política penitenciaria que «la detención preventiva que debe ser un mecanismo excepcional dentro del proceso, pero se ha convertido en la regla y el principio general». Bogotá, 17 may (EFE)
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