Alejandro Char y la crisis de Transmetro

El sistema de transporte masivo Transmetro ha tenido un año deprimente, los barranquilleros hemos sido testigos de como lo desgastan, hasta el punto que ha suspendido su operación en dos oportunidades en lo que va corrido del año, afectando alrededor de unos 50 mil usuarios.

Pero, ¿por qué el sistema está en crisis?, según los concesionarios de las flotas de buses (Transcaribe y Sistur), desde que inició su operación hasta la fecha ha tenido complicaciones, cuentan que no han logrado movilizar lo que los estudios proyectaron (334 mil usuarios), pues lo máximo antes de la pandemia fue de 150 mil y en la actualidad hasta 60mil personas. He aquí el problema de todo, las malas proyecciones.

Así las cosas, lo que queda claro es que a los operadores les prometieron el ‘cielo ‘y la ‘tierra’, pero de aquello pocon, pocon, pues lo que ocurrió es que la Alcaldía Distrital de Barranquilla de aquel entonces, entregó unos estudios que sostenían que los operadores tendría una rentabilidad gracias al número determinado de pasajeros que movilizarían, pero que hoy según José Picón, gerente de Sistur, no es así.

Picón, dijo en una entrevista en Radio Caribe Plus, que la administración del exalcalde Alejandro Char ( primer periodo), había aprobado los estudios de proyección del número de pasajeros, y ese, ha sido el problema de raíz por el que hoy, nadie responde.

Varias voces autorizadas dicen lo mismo que Picón, entre ellos (aunque me causó extrañes por ser de la misma casa política) fueron las declaraciones del alcalde de la ciudad Jaime Pumarejo, quien se refirió a la situación del sistema y dijo que, “esto es debido a una mala planificación”.

Incluso, el presidente Iván Duque, señaló en un medio nacional que Transmetro “definitivamente tuvo una mala proyección en el número de personas a movilizar”, las cuales nunca se han dado.

La única esperanza de los operadores en su momento, fue el Fondo de Estabilidad Tarifaría que a la fecha está esperando un fallo de segunda instancia para saber si continúa o no porque según los demandantes la fuente de financiación es “ilegal y no cuenta” con la vigilancia y fiscalización de algún ente de control.