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Foto: Archivo/EFE

Un juez de garantías envió a la cárcel a cinco personas, entre ellas integrantes de una misma familia, que harían parte de la estructura dedicada a la explotación sexual de niñas y adolescentes, pues estos al parecer le daban alojamiento a menores de edad a cambio de que ejercieran la prostitución con adultos.

Las denuncias de dos víctimas permitieron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional identificar a todos los involucrados en el ilícito y establecer que, desde sus roles de administradores y trabajadores de los dos establecimientos comerciales, presuntamente presionaban a las jóvenes para que accedieran a cualquier pretensión sexual y las inducían al consumo de estupefacientes.

Las autoridades les endilgaron los delitos de proxenetismo con menor de edad, estímulo a la prostitución de menores y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes ante la contundencia del material y los testimonios expuestos por la Fiscalía deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La presunta banda es comandada por Yermmy Rincón Alza, presunto administrador de unos de los establecimientos. Esta persona, además de supuestamente explotar sexualmente a niñas y adolescente, al parecer, también abusaba de ellas en medio de promesas de dinero y aparentes rebajas en las cuotas de hospedaje. Rincón Alza registra una condena en 2013 por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes.

Los demás integrantes son: Óscar Mauricio Mendivelso Bautista, Luis Ángel Duarte Alza, Lucila Rodríguez Morales y José Frank Rodríguez Morales.

Una de las víctimas de esta red de proxenetismo buscó atención en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. Allí recibió asistencia médica, psicológica y acompañamiento para un proceso de desintoxicación por consumo de drogas. La menor de edad reveló en el lugar que fue obligada a sostener relaciones sexuales con hombres mayores y que les proveían marihuana y cocaína.

Asimismo, otra de las adolescentes afectada denunció que los administradores de las dos residencias cobraban una tarifa doble o tripe por habitación y las dosis de estupefacientes que les brindaban, de tal manera que, en oportunidades, se les dificultaba estar al día con los pagos exigidos.

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Redacción Minuto30

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