Entregan concepto favorable a la Gobernación de Antioquia tras análisis a contratos celebrados en medio de la pandemia de la Covid-19

La Contraloría General de Antioquia entregó conceptos favorables sobre las actuaciones de la administración departamental para enfrentar la contingencia generada por la pandemia de Covid-19, al considerar que se cumplieron los criterios para la declaratoria de Calamidad Pública y Urgencia Manifiesta y al determinar que no se presentaron irregularidades que generen daño al patrimonio del Estado en un paquete de contratos celebrados por el Departamento.

Según oficio recibido por la Secretaría General de la Gobernación de Antioquia, el ente de control expuso, sobre la declaratoria del estado de Calamidad Pública y de Urgencia manifiesta, que se cumplen los criterios para la misma y que se tuvo en cuenta “la necesidad urgente de contratar” por lo que “se considera que no existe abuso de esta figura legal por parte de la Administración Departamental”.

Como se recordará, el gobernador Aníbal Gaviria Correa declaró el estado de Calamidad Pública mediante decreto 0984 del 13 de marzo de 2020, y el estado de Urgencia Manifiesta mediante decreto 1050 del 25 de marzo de 2020 ante el riesgo de contagio por Covid-19.

La Contraloría expresó, además, que la Gobernación de Antioquia envió de manera oportuna la contratación celebrada en virtud de la declaratoria de urgencia manifiesta junto con el acto administrativo que la declaró, de conformidad con el artículo 43 del Estatuto General Contractual, que otorga al ente de control la potestad de realizar control posterior.

En otra comunicación, la Contraloría Departamental emitió concepto técnico favorable tras revisar la contratación suscrita dentro de la urgencia manifiesta con ocasión del Covid-19 por parte del Departamento.

En ese ejercicio fueron revisados trece contratos suscritos entre el 26 de marzo de 2020 y el 23 de abril de 2020, haciendo énfasis en los soportes precontractuales, contractuales y de ejecución de los contratos para atender la emergencia ocasionada por el Covid-19 y con especial atención a los contratos suscritos con la Fundación Saciar para “la prestación de servicios para contribuir con el mejoramiento y/o complemento de la alimentación de la población vulnerable de las subregiones del Oriente, Suroeste, Urabá y Valle de Aburrá”, y con el Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín para la “la prestación de servicios para contribuir con el mejoramiento y/o complemento de la alimentación de la población vulnerable de las subregiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste y Occidente”.

En su conclusión general, el ente de control fiscal expuso que no se encontró “ninguna irregularidad que pueda generar un daño patrimonial al Estado” y añadió que “tampoco se evidencian posibles irregularidades de tipo disciplinario o penal”.

Tales conceptos serán dados a conocer a los delegados de la Contraloría General de la República, quienes realizaron visita especial en desarrollo de la indagación preliminar ordenada por el auto 427 del 10 de junio de 2020, que tiene como objetivo analizar los dos contratos citados.