Colombia presenta la paz como su arma definitiva contra el narcotráfico

La posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC es el pilar maestro sobre el que expertos y personalidades políticas fundamentaron hoy el desarrollo de una nueva política antidrogas en Colombia que ataque el corazón del narcotráfico.

Juan Manuel (i) y Claudio Mario Galán (d), hijos del asesinado político liberal Luis Carlos Galán

Alcanzar el postconflicto y mejorar la lucha contra el narcotráfico se combinaron en el proceso de paz que el Ejecutivo y la guerrilla mantienen en La Habana con el preacuerdo alcanzado sobre drogas ilícitas.

«En esencia el acuerdo tiene tres misiones básicas: reconocer que el tema del narcotráfico ha servido de incentivo al conflicto, la manifestación de las FARC de romper cualquier vínculo con esta actividad y la integración de todos los territorios en el proceso», dijo Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno.

De la Calle intervino este viernes desde Cuba en el foro «Galán 25 años», que evaluó durante dos días en Bogotá la política de drogas aplicada en el país desde el asesinato en agosto de 1989 del político liberal Luis Carlos Galán Sarmiento a manos de mafias del narcotráfico.

Transcurrido un cuarto de siglo desde aquel crimen, Colombia pone en una balanza lo conseguido y no le gusta lo que ve.

Entre la visión cuestionable se destacó el Plan Colombia, acuerdo bilateral que el expresidente colombiano Andrés Pastrana firmó con su homólogo Bill Clinton en 1999.

Este pacto, que establecía la ayuda económica de EE.UU. para la destrucción de cultivos ilícitos a cambio de contrapartidas monetarias, ha destruido desde su entrada en vigor más de dos millones de hectáreas.

No obstante, el número total de cultivos se mantiene estable desde 2009, según el último informe elaborado por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), aunque ahora la paz puede ser la puerta a una nueva política

«Vamos a lograr una superación importante de este fenómeno si se consolida al nivel de las comunidades territoriales. Hay que convocar a todo el Estado para la eliminación de la coca con la sustitución voluntaria de cultivo, lo que va en relación con el punto uno», afirmó.

El punto uno del acuerdo, referido a la propiedad de la tierra, es precisamente el origen del conflicto armado y el narcotráfico, fenómeno que creció en los años 80 con figuras como Pablo Escobar, promotor de una hegemonía del «polvo blanco» a la que ningún grupo armado se resistió.

La lógica que el sector político maneja es que, si se firma la paz, se establecerán nuevas reglas de juego para sustituir los cultivos ilícitos, lo que reducirá el tráfico y permitirá dirigir una nueva política que vaya tras las estructuras financieras de los carteles y no criminalice a los consumidores.

Pero paso a paso, dicen en Bogotá los expertos; de momento se plantea el considerado «primer escalón», la regularización de la marihuana con fines terapéuticos propuesta por el senador liberal Juan Manuel Galán, y se descarta una legalización masiva.

«No es cierto que el acuerdo lleve implícita una negociación que legalice los cultivos. Al revés, la declaración expresa de las partes en La Habana, acordada con las FARC, es que tanto la guerrilla como el Gobierno no quieren cultivos ilícitos», afirmó el general Óscar Naranjo, negociador de paz y nuevo ministro consejero del Gobierno.

Mientras podrían continuar las políticas de fumigación de cultivos, aunque según cifras reveladas en el foro, el 59 % de los líderes de opinión de Colombia consideran que la actual estrategia antidrogas es mala.

«No importa qué hagamos en materia de consumo si no logramos que los gringos cambien su política. Si no somos capaces de decirlo liberamos a toda la comunidad internacional de su responsabilidad, ¡y no hay derecho!», exclamó Gaviria. EFE