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El presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), Elker Buitrago, reclamó que los «atentados» contra los informadores en Colombia sean crímenes de lesa humanidad para que no prescriban.

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Buitrago se expresó así en un foro celebrado en Bogotá en conmemoración del 25 aniversario del asesinato de la periodista Sylvia Duzán, perpetrado por paramilitares mientras realizaba un documental en la localidad de Cimitarra, departamento de Santander, crimen que permanece en la impunidad.

El presidente del CPB también destacó la necesidad de crear una «unidad especializada en investigación» con el fin de que se puedan «culminar con un alto índice de sentencias condenatorias» los casos de atentados contra periodistas.

Con todo ello, Buitrago consideró que podría iniciar un proceso de cambio en la mentalidad de los colombianos en relación con los periodistas y el derecho a la información.

«Si no funciona la justicia en nuestro país hay tratados internacionales suscritos por Colombia. En ese marco es obligatorio su cumplimiento», destacó.

En ese contexto y con el atentado a periodistas considerado como un crimen de lesa humanidad se evitaría la impunidad en casos como el de Duzán, cuyos asesinos presuntamente estaban vinculados con agentes del Estado.

Buitrago explicó que eso puede implicar recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «lo que no es fácil, pero es una lucha que debemos dar».

«(Es necesario) protección y seguridad para el ejercicio del periodismo, que es el termómetro para una democracia», apostilló.

Por su parte, María Jimena Duzán, hermana de Sylvia, explicó durante su intervención que ella quiere «la verdad» acerca del crimen que terminó con la vida de la periodista.

En este sentido explicó que querría «ver a los actores intelectuales (del crimen) en la cárcel», si bien señaló que en este momento que vive Colombia de negociación de la paz, que debe incluir un proceso de la denominada justicia transicional, «lo más importante es la reparación a las víctimas».

El 26 de febrero de 1990 Sylvia Duzán estaba realizando un documental para el Canal 4 de la BBC de Londres sobre la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) cuando fueron atacados por paramilitares mientras comían en un restaurante.

Junto con la periodista fueron asesinados el presidente de la ATCC, Josué Vargas, y otros dos líderes de ese movimiento, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, que habían sido amenazados de muerte.

Su hermana María Jimena subrayó que fueron asesinados en «el sitio más público, de día» y pese a que «todo el pueblo fue y denunció» el crimen quedó impune.

«La gente vio quiénes eran, de dónde salieron, que salieron del cuartel del Ejército, que les dieron las armas en el cuartel de la Policía», destacó.

Tras el crimen, «los autores intelectuales, el comandante de Policía y el del batallón fueron a la justicia penal militar que les declaró libres de toda culpa y viven como si fueran señores muy importantes», explicó.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), Ignacio Gómez, explicó que el asesinato de un periodista no solo acalla su voz sino que silencia la posibilidad de que toda su audiencia la escuche.

Gómez recordó el caso del periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado en 1999 y subrayó que se puede contar a un solo muerto o «a los tres millones» que no pudieron volver a verle.

«La muerte de ella (Duzán) no solo significa la censura para esa comunidad (sobre la que hacía un reportaje), sino también para la audiencia de ese documental que no se hizo», dijo.

Pero la muerte o la amenaza a un periodista, según concluyó no solo silencia su voz, sino que «genera los temores de sus colegas, de tal manera que la violencia termina censurando temas completos y a toda la sociedad». Bogotá, 26 feb (EFE).

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