Los carteles

Injusto, intolerable, abusivo, descarado, aprovechado y cualquier otro calificativo que se le quiera dar le cabe al comportamiento asumido, en hora buena descubierto y fuertemente sancionado, por los distintos carteles que sabiendo y aprovechando la gran demanda de los artículos que producen, se pusieron de acuerdo para manipular los precios, pero no para facilitar su compra colocándolos más baratos, sino todo lo contrario, elevarlos los que más se podía para obtener más ganancias con el correlativo menoscabo de la economía de muchos colombianos, que deben adquirir tan necesarios e irreemplazables artículos.

Nos habíamos acostumbrado a escuchar que existían unos carteles dedicados al tráfico de estupefacientes: el de Medellín, el de Cali, el del Norte del Valle, el de la Costa y otros tantos, también a sus miembros, los Rodríguez Orejuela, Iván Urdinola, Pacho Herrera y una cantidad muy grande de personajes innombrables.

De distinta naturaleza hay otra cantidad de carteles, integrados por empresas dedicadas a manipular los precios de productos de primera necesidad o que tienen alto consumo entre los colombianos, como la manipulación de los precios del cemento, las tarifas de los teléfonos celulares; está hace mucho tiempo del cartel de los remates, que es uno que existe en el medio judicial dedicado a acaparar propiedades sometidas a remates utilizando métodos non sanctos y muy poco ortodoxos, este último por fuera del espectro de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero lo que nos faltaba era que existieran los carteles de los pañales, el del papel higiénico, y en los últimos días, el del arroz.

Y aunque no cuesta creer ni se sorprende a nadie, pues en las épocas actuales no existen unos mínimos éticos que hagan entender que todo, absolutamente todo tiene un límite, incluída la práctica empresarial dedicada a la producción, venta y comercialización de productos, que en tan altos círculos empresariales hubiera un contubernio entre sus ejecutivos para lograr subir los precios de productos tan necesarios para cualquiera, si es extraño que emporios tan tradicionales y de tanta credibilidad como Familia S. A. y Kimberly, que producen papel higiénico y pañales, hayan incurrido en comportamientos tan mezquinos y deleznables, los que no tenían fin distinto a robustecer sus ganancias, lo que entiendo es legítimo en una economía de libre mercado, pues como decía un profesor universitario que tuve, en el capitalismo nadie regala nada, pero de ahí a hacer lo que es de público conocimiento, hay un trecho bien largo.

El de los pañales estaba conformado por Tecnoquímicas, Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andian, dueños de las marcas Winny Ultratrim, Pequeñín, Huggies y Baby Sec, y el del papel higiénico por Familia, Kimberly, Papeles Nacionales, Drypers y Papeles de Risaralda, que produce papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y faciales. Ambos carteles durante catorce años manipularon los precios de estos productos de la canasta familiar. No da asco saber que directivos de Familia y Kimberly se reunían en los mejores hoteles del país para manipular los precios de estos productos básicos?

En el caso de las arroceras, concretamente Florhuila y Roa, se les impuso una multa $ 33.800 millones de pesos, por presionar influencia en los precios, ya que prohibieron trasladar a los consumidores los descuentos dados en la cadena de comercialización del alimento, para de esa forma controlar artificialmente los precios del arroz en Colombia. Para que sus órdenes se cumplieran al pie de la letra, amenazaban con represalias a los distribuidores, como suspender o terminar con los suministros de arroz, todo esto con evidente perjuicio para los consumidores, ya que es el producto de más consumo entre los colombianos y la gran mayoría de estos son de estratos bajos o muy humildes.

Los altos precios del arroz, que alcanzó desde principios de año incrementos de hasta el 50%, en un país donde hay una cantidad muy considerable de gente desempleada, en el empleo informal o con salarios muy bajos, los cuales se incrementan un 3 ó 4 % cada año, su poder adquisitivo que apenas si les alcanza para comer, este cereal se convierte en su dieta en un alimento de primerísima necesidad, por eso lo ocurrido es inaceptable por donde se le mire.

Muy bien por el Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que no ha dudado un instante para imponer las condignas sanciones a tan reprochables comportamientos, porque es verdad que las sanciones pecuniarias duelen a estas empresas y ojalá sirvan de algo a fin de evitar que ellas y otras dedicadas a la misma actividad, incurran en estas prácticas. No estaría de más pensar en otro tipo de sanciones más eficaces, como por ejemplo no volver a comprar estos artículos producidos por las distintas empresas sancionadas, aclaro que no estoy diciendo que no se vuelvan a consumir estos productos, sino que sean adquiridos a la competencia.

Pensaron estas arroceras que a raíz de estos actos muchos colombianos se pudieron haber quedado sin la posibilidad de adquirir tan apetecido alimento, como ocurrió con el papel higiénico, que según estudios, de los13’300.000 hogares que hay en Colombia y que se supone consumen este producto, debido al bajo poder adquisitivo y a los altos precios del mismo, aproximadamente 3’000.000 de hogares ya no lo usan? No, evidentemente que no pensaron en los consumidores, a quienes deben su grandeza, sino que lo hicieron en ellas mismas.