Incrementan en 10 años la pena a alias ‘la mona’, enlace de las FARC para la compraventa de secuestrados

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó el sentido de fallo condenatorio y aumentó de 28 a 38 años de prisión, la sentencia de Edith Johana Esquivel Vanegas, alias la Mona, como responsable de los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Los hechos por los que Esquivel Vanegas deberá pagar esta condena están relacionados con el secuestro y posterior entrega a las FARC de un industrial de la capital del país.

Durante el juicio que concluyó con la condena en primera instancia de Esquivel Vanegas, un fiscal de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, hoy dependencia unificada a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, se demostró que el 20 de septiembre de 2007, convenció al propietario de una empresa de seguridad para que la acompañara a llevarle unos medicamentos a su madre quien reside en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

La sentenciada, quien había trabajado en la compañía y a la vez era ex compañera sentimental de uno de los socios, esperó en una esquina a Niño Delgado para abordar su vehículo, pero al llegar al destino, salieron de una vivienda varios hombres armados y lo escondieron en el baúl del automotor, que no apareció después de los hechos.

La víctima sintió que alias la Mona le cubrió el rostro con un trapo y al tomar un vaso con agua, perdió el conocimiento. Despertó tres días después en una zona rural y montañosa, en poder de las FARC.

A partir del 23 de septiembre de 2007, la familia del secuestrado recibió llamadas de una persona identificada como Edward, “comandante del conjunto central de las Farc”, quien en un principio les exigió $6 000 000 000 a cambio de liberar al secuestrado.

La negociación duró alrededor de un año, al cabo del cual le fue entregado a los captores varias sumas que ascendían a cientos de millones de pesos. El empresario fue finalmente liberado el 2 de noviembre de 2008, en el Cañón de las Hermosas, jurisdicción del municipio de Chaparral (Tolima).

Entre los elementos materiales probatorios que el ente acusador hizo valer en juicio se encuentran interceptaciones telefónicas, fotografías, videos y el testimonio de la víctima quien señaló que en cautiverio, los guerrilleros le informaron que había sido una empleada suya la que lo había vendido y cómo ayudo a planear el secuestro.

El argumento de la defensa no logró desvirtuar que “se encontraba en un lugar totalmente diferente a aquél en el que se dice ocurrieron los hechos, en Barbosa, Santander”, lo cual no pudo ser corroborado por los testigos, quienes por el contrario en versiones incompatibles le dieron la razón a la Fiscalía delegada en el caso.