Saúl Hernández Bolivar

En verdad cuesta trabajo creer que el presidente Santos esté interesado en una reforma del Estado que busque mejorar el equilibrio entre poderes cuando su mandato se ha caracterizado por el uso indebido de recursos e influencias para incrementar y mantener el poder.

Saúl Hernández Bolivar

Saúl Hernández Bolivar

La llamada ‘Unidad Nacional’ no ha sido otra cosa que un reparto impúdico de los puestos y el presupuesto para conseguir el favor de las mayorías en el Parlamento, tanto con el fin de evitar que se ejerza el debido control político como para sacar adelante las iniciativas gubernamentales, motivo por el que, además, no deja de ser insólito que, en medio de tan marcado unanimismo, este gobierno no haya logrado sacar adelante ninguna reforma de peso que le deje como legado al país.

De otra parte, es una extravagancia de Santos el querer acabar con la reelección presidencial inmediata por considerar que genera un desbalance en el seno del Estado cuando él mismo es quien ha llevado a cabo toda una serie de prácticas cuestionables para lograr reelegirse.

Baste recordar que en muchos sitios del país, sobre todo en las costas pacífica y atlántica, Santos obtuvo votaciones atípicas incluso por encima del 90%, un verdadero sinsentido cuando se trata de un mandatario que resulta castigado en todas las encuestas, incluyendo las que contratan los medios que le son afines, y que en no pocas ocasiones ha sido recibido con rechiflas y cajas destempladas en distintos puntos cardinales de la nación.

Pero hay más. El notorio incremento de participación electoral en la segunda vuelta presidencial, que le fue favorable, solo puede explicarse con la claridad que lo hacen en cualquier esquina de los municipios costeños: la compra de votos fue descomunal, solo así pudo reelegirse y fungir ahora como el adalid de la noble causa de evitar que sus sucesores se sirvan del Estado para perpetuarse siguiendo su ejemplo. Por eso, no es verosímil que Santos se haya arrepentido de sus propios entuertos, es más acorde con su talante vanidoso el impedir que otros presidentes se puedan reelegir y quedar en la Historia como uno de los pocos que detentaron ese honor. Y añadirá que él no tuvo que cambiar un articulito a su favor.

Sin embargo, es toda una fortuna que Santos haya aceptado la sugerencia de abandonar la mala idea de aumentar el periodo presidencial a cinco o seis años, fórmula en la que había incluido a mandatarios locales y seccionales para ponerlos a trabajar por su reelección con la promesa de favorecerlos con esa extensión, estando en pleno ejercicio de un periodo claramente delimitado, por lo cual, además de inconveniente, es inconstitucional. Tal vez sea la única traición de Santos que resulte plausible.

Y es que esta reforma hace hincapié en el tema de las reelecciones. El Gobierno quiere limitar los periodos de Procurador, Contralor, Registrador y Defensor del Pueblo a cuatro años y sin reelección. Para las altas cortes propone que los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, tengan periodos individuales de ocho años sin derecho a reelección. Y para los miembros del Consejo Nacional Electoral también prohíbe la reelección pero propone periodos de solo cuatro años.

Para ser consecuentes, se pretende también que los mismos congresistas se pongan límites a su propia reelección, que hoy es indefinida. Si bien, dos periodos es muy poco tiempo para un buen congresista, y se podría incrementar notablemente la nómina de pensionados de esa corporación, estadías de 30 o 40 años, como las de Víctor Renán Barco o Roberto Gerlein, son excesivas así algunos traten de hacer ver a estos politiqueros como congresistas ejemplares. Reitero lo que dije en una columna hace cerca de una década: para el Legislativo, “16 años parece suficiente y más de 20 es un despropósito” (El Mundo, 7/11/2005).

En fin, son muchos otros los temas que cobija la reforma y su trámite apenas comienza. Y ya se descubrió el primer mico: que el Vicepresidente, a diferencia de otros funcionarios, no tenga que renunciar un año antes para aspirar a la Presidencia. ¡Vaya equilibrio! ¿Quién lo metió? Averígüelo Vargas (Lleras).

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Redacción Minuto30

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