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El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo hoy un «urgente llamado» a las autoridades para que refuercen las medidas de seguridad en la ciudad de Buenaventura ante el recrudecimiento de los casos de desapariciones y asesinatos.

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La ONG Human Rights Watch reveló el año pasado la crisis social y de seguridad que vive Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Pacífico, en un informe que recoge numerosos casos de desapariciones, desmembramientos y desplazamiento forzado y, según el cual, «el horror no tiene límites» en esa ciudad.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría señaló que en las últimas semanas han sido reportadas varias desapariciones y torturas, algunas de las cuales terminaron con la muerte de las víctimas, según los hallazgos hechos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

«Entre los casos reportados a la Defensoría aparece el de un joven ayudante de autobús, quien había sido amenazado por los grupos ilegales con presencia en la ciudad», reseña un comunicado de la entidad.

También está el de dos hombres que trabajaban en el sector de la construcción y que desaparecieron después de cruzar las llamadas «fronteras invisibles» trazadas por los grupos armados que se disputan el control de áreas de la ciudad, agrega la comunicación.

De igual manera, la Defensoría fue informada de la desaparición de una mujer dedicada a la minería artesanal, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 29 de diciembre.

Este caso es similar al de un joven de 21 años que fue visto por última vez cuando era conducido hacia un lugar desconocido.

La Defensoría fue informada además de tres casos de personas secuestradas y torturadas por presuntos miembros de la banda criminal «Los Urabeños», una de las cuales logró escapar de sus victimarios, mientras que las otras dos fueron rescatadas por las autoridades.

«Estos episodios pusieron al descubierto el regreso de las tristemente célebres ‘casas de pique’ (lugares para hacer descuartizamientos) y la aplicación de métodos salvajes como la electrocución para agredir a quienes son declarados objetivo militar», señala la Defensoría.

Además de las desapariciones, torturas y asesinato, esa ciudad de cerca de medio millón de habitantes es escenario de numerosos casos de extorsión y desplazamiento forzado por parte de las diferentes bandas criminales y grupos guerrilleros que operan en la zona.

Según el CTI de la Fiscalía, durante 2014 se presentaron en la ciudad 44 casos de desaparición, frente a 78 de 2013, mientras que Medicina Legal contabilizó el año pasado 153 homicidios contra los 195 de 2013. EFE

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Redacción Minuto30

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