Colombia, país que ha destinado 5,7 de sus 114 millones de hectáreas a la minería, necesita con urgencia una política diferenciada para las actividades de extracción de minerales, coincidieron hoy expertos reunidos en Bogotá.

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El ministro de Minas y Energía, Tomás González.

«Para hacer posible la responsabilidad ambiental y social que tanto se reclama es preciso que existan leyes específicas para cada una de las cinco clases de minería que tenemos en Colombia», planteó el ministro de Minas y Energía, Tomás González.

Al intervenir en el foro «Minería responsable: ¿Es posible?», organizado por la revista bogotana Semana, el ministro se refirió así a la «gran minería», concentrada en minas de carbón, níquel y oro; la «minería de subsistencia», que consiste en unidades precarias de extracción, y a la «mediana» y «pequeña minería».

González aclaró que la extracción ilícita de minerales «no debería ni siquiera considerarse minería» e indicó que frente a ella la única alternativa «es combatirla con la fuerza pública», ya que «no paga regalías ni tiene consideraciones ambientales».

Sobre la minería en general, el ministro aseguró que «es una irresponsabilidad dejar los minerales enterrados, porque traen inversión social, ayudan a luchar contra la inequidad, a alcanzar la competitividad y generan empleo».

Cifras dadas a conocer durante el foro indican que de las casi 14.500 operaciones de minería que actualmente se desarrollan en 23 departamentos del país solo 208 (1 %) son de «gran minería», seguidas de 3.800 de «mediana» y 10.500 de «pequeña».

León Teicher, expresidente de Cerrejón, una de las minas más grandes a cielo abierto del mundo, coincidió con González al afirmar que «mantener la riqueza bajo tierra en Colombia, en donde 15 millones de personas son pobres, es irresponsable».

El exdirectivo consideró que «es posible hablar de minería responsable siempre y cuando se contrarreste la depredación del medioambiente a la que lleva la falta de medios económicos para subsistir».

En el mismo sentido se pronunció Claudia Jiménez, socia de Jiménez & Asociados, empresa especializada en asesoría en derecho minero, para quien es «urgente» que se ordene el territorio nacional a partir de «las actividades mineras que se pueden realizar en las diferentes regiones colombianas».

A su vez, Álvaro Echeverry, director de Consulta Previa, dependencia del Ministerio del Interior, apuntó que el bienestar social en las zonas de extracción minera debe ser «abordado por las compañías no solo como un asunto corporativo».

Es una obligación que las empresas conozcan «cuál es la realidad de la comunidad y pongan en marcha acciones que verdaderamente la beneficien porque no puede abundar la pobreza en donde existe riqueza minera», precisó. EFE

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Redacción Minuto30

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