Centro Democrático, partido liderado por el exmandatario colombiano Álvaro Uribe, responsabilizó hoy al presidente Juan Manuel Santos de «cualquier atropello» que puedan sufrir los estudiantes opositores venezolanos Lorent Enrique Gómez Saleh y Gabriel Valles Sguerzi, expulsados esta semana del país.
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Las autoridades colombianas expulsaron el jueves a Gomez Saleh y el viernes a Valles Sguerzi, opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, porque supuestamente estaban haciendo en el país actividades prohibidas por las normas migratorias.

«Hoy hacemos responsable al presidente Juan Manuel Santos de cualquier atropello en contra de la vida, la dignidad y la integridad de los líderes estudiantiles Lorent Saleh y Gabriel Valles, jóvenes defensores de la libertad y la democracia de Venezuela en América Latina», manifestó el movimiento de Juventudes del Centro Democrático en un comunicado.

El mensaje agregó que la entrega de los dos estudiantes a las autoridades venezolanas muestra «la complicidad del Gobierno» de Santos «con el régimen de Nicolás Maduro» para «callar… el grito de libertad de quienes claman el respeto por los Derechos Humanos» en ese país.

Según informó ayer la Cancillería colombiana, Valles Sguerzi «se encontraba realizando actividades expresamente prohibidas por las normas migratorias» en territorio colombiano.

Al igual que Gómez Saleh, presidente de la organización no gubernamental Operación Libertad, Valles Sguerzi fue expulsado «con fundamento en el artículo 105 del Decreto 4.000 de 2004», agregó la información.

Dicho artículo faculta a «expulsar a los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad social, la seguridad pública», o cuando informaciones de inteligencia indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional por los mismos motivos.

Los dos expulsados habían ingresado a Colombia hace unos meses con un permiso de turista para actividades de descanso o esparcimiento por 90 días, agregó la Cancillería. EFE

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