El magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jorge Iván Palacio señaló hoy que la crisis de salud que se vive en el departamento del Chocó fue causada por la negligencia del Estado y denunció que las autoridades no han tomado medidas eficientes que permitieran superar la situación.

El pasado 3 de marzo, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, denunciaron la situación que vive esa región tras una visita al departamento. EFE/Archivo

El pasado 3 de marzo, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, denunciaron la situación que vive esa región tras una visita al departamento. EFE/Archivo

En una audiencia pública en la que analizaron la situación en ese departamento, Palacio señaló que «la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia y la Fiscalía han actuado de manera precaria y no mantienen una revisión constante de las acciones y omisiones que viene desangrando el sistema«.

El pasado 3 de marzo, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, y el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, denunciaron la situación que vive esa región tras una visita al departamento.

La evaluación, en la que también colaboró la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), mostró «preocupación» porque, apuntan los organismos, «a pesar de las alertas emitidas con anterioridad» la situación no ha cambiado.

«Persisten las barreras de acceso a la salud, particularmente para los niños, niñas y adolescentes, población que sigue registrando muertes por enfermedades prevenibles y curables«, sostienen la evaluación.

Según denunciaron, el recuento de menores fallecidos por enfermedades que en condiciones normales habrían sido curables asciende a 19 niños indígenas desde julio de 2013, 5 de ellos desde diciembre pasado.

La ONU y la Defensoría subrayaron que los problemas de contaminación de agua de los resguardos indígenas que enfermaron a los menores ya se habían denunciado, por lo que su persistencia «evidencia grandes deficiencias para brindar prestaciones de agua y salud a estas comunidades». Bogotá, 19 mar (EFE) 

 

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Redacción Minuto30

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